Micaela, un recorrido pendiente.

La Ley Micaela (Ley 27.499) tomó impulso el 10 de enero de 2019, se da en ella en su máxima expresión el diálogo entre educación y género con el objetivo de una transformación cultural.

La norma describe una estructura organizativa de contenidos que nos habilitan para  transversalizar la mirada de géneros en todos los niveles estatales, pero la ley,  no es un contenido teórico en sí mismo. 

El 10 de enero pasado, se publicó en el Boletín Oficial la ley 27.499, “Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”. Es decir, capacitar para realizar un cambio de paradigma que nos incluya a todos/as/es.

Pero capacitar en estos temas es una obligación establecida desde antaño. Hace unas cuantas décadas que la capacitación no es una mera elección en la formación de quienes prestan servicios sociales, de justicia y seguridad desde el Estado, sino que ha sido un compromiso que ha asumido nuestro país desde hace ya un tiempo. 

En efecto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer aprobada en 1979 e incorporada a nuestro país en 1985 (CEDAW, por sus siglas en inglés), e incluida al texto constitucional en 1994 establece en su art. 5º, que  “[l]os Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres…”. En este mismo rumbo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la recomendación general 19 concretamente refiere que “es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención. Entre otras declaraciones internacionales que van hacia ese mismo sentido.

Correlativamente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará”, aprobada por la ley 24.632/94 , en su art. 7º  dice que “[l]os Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: […] c) fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”.

Ya han pasado varios años y la efectividad de estas normas no ha tenido anclaje en las instituciones del Estado. Las voces que incidieron fueron aquéllas que pusieron el cuerpo y se movilizaron para que el Estado debiera seriamente cuestionar y desarmar las construcciones sociales de este sistema que ha traducido las diferencias biológicas entre varones y mujeres en roles fijos, determinantes de lo que cada persona debe ser y cómo debe habitar este mundo.

Desde el Ni Una Menos hasta la equivocada sentencia del caso de Lucía Pérez y la denuncia de Thelma Fardin apoyada por el colectivo de Actrices Argentinas, entre otros valiosos y potentes activismos, se gesta en sesiones extraordinarias esta Ley con nombre de mujer para reafirmar que las violencias siguen afectando a las mujeres en contextos de alta vulnerabilidad.

Ahora bien, capacitar por el sólo hecho de hacerlo, tampoco soluciona el problema, pero da el puntapié inicial para pensar críticamente ¿qué significa capacitar?, ya que no es una actividad nueva, sino tal cual se señala más arriba ya han pasado casi 20 años de normativas que exigen esta misma obligación.

La ley es muy clara al respecto, y el órgano que se encarga de definir la metodología es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades quiénes proponen diferentes tipos de capacitaciones: 

Definen 5 tipos de capacitaciones según las definiciones de ONU Mujeres:

● Capacitaciones de sensibilización y concientización

● Capacitaciones de profundización o perfeccionamiento del conocimiento

● Capacitaciones para fortalecimiento de habilidades y competencias

● Capacitaciones para el cambio de actitudes, comportamientos y prácticas

● Capacitaciones de movilización para la transformación social

En la actualidad nos encontramos en la etapa de sensibilización y concientización. El trabajo realizado en la Provincia de Mendoza es a través de cursos virtuales con los contenidos básicos sugeridos por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. La metodología utilizada es pensada desde las pedagogías críticas por su énfasis en la deconstrucción de las ideas y las prácticas que sostienen la estructura patriarcal. 

Ahora bien, la idea de la familia de Micaela García, era que los y las empleadas públicas pudieran observar su actitudes, las prácticas estereotipadas que obstaculizan un servicio público; las limitaciones que impactan diferencialmente a los géneros y disidencias al momento de generar un programa o pensar una resolución, programa, plan, ley, etc.; los entornos laborales que condicionan nuestros comportamientos por una manera de ser, desear y habitar; la distancia que existe en el acceso a las oportunidades, al control y distribución de los recursos; los impedimentos que perciben ante ciertas decisiones vocacionales; ante el ejercicio de las formas del maternar y paternar; la relación entre el trabajo remunerado y el reproductivo; y tantas otras inquietudes que nos habilita la entrada de esta Ley al Estado.

Es necesario recordar que capacitar en el contexto de esta ley tiene que ver con dos principios éticos pedagógicos: el primero es que lo personal es político, sin politizar lo cotidiano la miopía de género se perpetúa y el segundo, la revalorización del concepto de experiencia en lo educativo. Sólo y desde allí es que las responsabilidades individuales y estatales pueden sostenerse y generar sinergias para que esta formación sea una transformación. Sólo y desde allí podremos pasar de la etapa de sensibilizar a profundizar y cambiar actitudes reveladoras de nuestras prácticas como servidores/as de lo Público. 

Sugerimos la conformación  de una mesa plural, diversa, de organismos públicos y privados, sindicatos, organizaciones sociales, universidades, para la generación de indicadores de seguimiento y evaluación de estas instancias pedagógicas para no seguir pensando el sistema de capacitaciones en género solamente como una responsabilidad del Estado, como algo que se hace “porque no me queda otra”, una burocracia más. El cambio en materia de género es institucional e individual. La  deconstrucción es un proceso reflexivo colectivo. El cambio actitudinal es el horizonte, es el cambio de las estructuras asimétricas de poder.

Previo a ello, hay una conversación y una escucha que nos debemos en este proceso educativo los, las y les trabajadores del Estado. Es iluminador desde las palabras de Carlos Skliar:

“…La tarea de quien enseña a vivir y a convivir es, justamente, la de responder éticamente a la existencia del otrx. Lo que no quiere decir apenas afirmarlo en su presencia, aunque esté más que claro que la educación consiste en encontrarse de frente con un otro/a concreto, específico, cara a cara. Ese encuentro es con un rostro, con un nombre, una palabra, una lengua, una situación, una emoción y un saber determinados y singulares”.

Capacitarnos significa previamente encontrar-nos, escuchar-nos, repensar nuestras experiencias y trayectorias, esa es la tarea que nos reclaman todas las Micaelas, la de interpelar-nos para reparar, reconocer y comprometernos con un cambio de nuestras instituciones. Somos las instituciones, aprender es desaprender para habitar un Estado sensible al género.

Justamente los espacios están abiertos, la conversación es lo que urge para promover los cambios. No sólo es el acto de recibir sino es un acto de apertura y reconocimiento de los, las y les otres para desde allí, SUMAR EQUIDAD.

Fuentes bibliográficas

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw_SP.pdf

Recomendación general nro. 19 sobre la violencia contra la mujer del Comité CEDAW, disponible en: https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Orientaciones para el diseño de proyectos de capacitación en el marco de la ley Micaela, Presidencia de la Nación. Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/orientacionesley.pdf

Ley 26485 /2009 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales recuperado 31/08/2020 en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm

Ley 27499/2019 Ley Micaela de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las Mujeres : https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27499-318666/texto

Skliar, Carlos: Educar a cualquier y cada uno. La convivencia entre otros. Flacso. Conicet. Recuperado 31/08/2020. https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/revistairice/article/view/v24n24a05/514

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